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Un centenar de educadoras de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de Guayaquil realizaron un plantón en las afueras de la Gobernación  del Guayas. Protestaban por el impago de seis meses de sueldo que el Estado les adeuda. Ellas son parte de fundaciones que son proveedoras del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES),

Las manifestaciones fueron, por varios ocasiones, reprimidas por la Policía, que les lanzaron gas, según las educadoras. No es la primera vez que protestan, ya con esta cuentan al menos seis veces.

Este impago, a nivel nacional, está teniendo efectos negativos en los niños que ellas cuidaban y que ahora vigilan de forma virtual, aseguran.

Ellas son quienes atendían a más de 854.380 niños en el país, mientras sus padres trabajaban, en las distintas guarderías. En esos centros, a más del cuidado, los menores de edad recibían alimentación 5 veces al día.

A raíz de la pandemia, estos CDI cerraron sus puertas y el trabajo de las educadoras migró a la vía virtual, por pedido del MIES.

“Desde el confinamiento trabajamos con los padres de familia, le encargamos y le explicamos los ejercicios que deben hacer con sus hijos. Estamos pendientes de los niños, de su estado y salud y cada dos meses hacemos visitas domiciliarias para ver como van. Sin embargo en los últimos tres meses muchas ya no podemos conectarnos con frecuencia porque a falta de dinero no hemos pagado el Internet”. Así lo explica Mercedes, una de las educadoras y quien prefirió no dar su apellido, por miedo a ser despedida.

«Muchas compañeras han sido desalojados de sus casas por no tener cómo pagar el arriendo. Ellas están viviendo en las aulas de los CDI, donde trabajábamos”, continúa.

Solo de la provincia de Guayas, hay por lo menos 1.000 educadores en esa situación. En Guayaquil, desde hace dos meses, estas trabajadores han realizado plantones sin lograr respuesta favorable.

En Quito también se han desatado una serie de protestas por parte de educadores de los CDI. El MIES indica que ha hecho el desembolso de los pagos y que hacer la transferencia del dinero le corresponde al Ministerio de Finanzas.

A escala nacional, la deuda del Estado con los educadores suman más de 19 millones de dólares. Dice el MIES que desde la Zona 8 hasta el 4 de diciembre, ya se han cancelado alrededor de 4 millones de dólares.

Las educadoras comentan que la promesa del pago la escuchan cada mes y que pese a las protestas no se han hecho. «Si paramos nuestras labores y controles, paramos el proceso de desarrollo y aprendizaje en los niños», expresan.

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