Alvaro Noboa

La candidatura de Álvaro Noboa a la presidencia de la República derivó en una denuncia de conflicto de competencias entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

En una sesión realizada este 14 de diciembre de 2020, el CNE resolvió presentar la demanda ante la Corte Constitucional.  Esto debido a que, según el CNE, un auto de ejecución de la sentencia del  TCE del 8 de diciembre de 2020 -que permitía a Justicia Social realizar su proceso de democracia interna para seleccionar candidatos- contradice a una resolución del CNE vigente. Justicia Social apoya la candidatura del empresario Noboa.

El problema es que, como lo expuso Diana Atamaint, presidenta del CNE, el 8 de diciembre pasado, Justicia Social ya tuvo un proceso de democracia interna para binomio presidencial. El candidato era Fabricio Correa, pero este declinó días antes de que venciera el plazo para inscribir las candidaturas. Esto bloqueaba la candidatura de Noboa.

Luis Vedesoto, consejero del CNE, expuso que el CNE debe proteger la validez de los procesos electorales internos o elecciones primarias realizadas dentro de los plazos previstos. Exolicó que el auto del TCE modificaría otra sentencia de la misma entidad emitida el 30 de octubre.

Plazos

En esta, se devuelve la personería jurídica a Justicia Social, permitiendo su participación. Sin embargo, no cabría otorgar nuevos plazos para para que el movimiento político inscriba sus candidaturas en donde no lo ha hecho.

“El auto de ejecución de la sentencia del 8 de diciembre  incluye criterios y medidas no previstas, interfiriendo en las competencias propias del CNE. (En esta) Se manda a que se realice el proceso de democracia interna  en determinadas circunscripciones electorales”, dijo y añadió que las etapas ejecutadas no pueden repetirse y que las competencias privativas del CNE no pueden ser asumidas por el TCE.

La candidatura de Noboa queda en stand by. Según dijo Verdesoto, actuarán en función de lo que determine la Corte Constitucional. Esta deberá esclarecer las competencias entre instituciones porque “está en juego el ejercicio de la Constitución”.

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