Vida riesgo

La acción de un policía de la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión (Unase), que disparó a un presunto delincuente, avivó el debate sobre uso progresivo de la fuerza.

El supuesto antisocial, junto a otros dos hombres, habría ingresado a un local de comida en Urbanor, norte de Guayaquil, para aparentemente robar. Sin embargo, en el sitio estaban cuatro agentes encubiertos de dicha unidad. Uno de ellos, luego de advertirle que era policía y que bajara el arma, disparó al presunto pillo cuando notó que iba a accionar su revólver.

Según el parte policial, el agente aplicó el “uso progresivo de la fuerza” y neutralizó al sospechoso en “legítima defensa”.

Pero, ¿qué implica la legítima defensa y la neutralización de una amenaza? Para el abogado constitucional Julio César Cueva, la legítima defensa y el uso progresivo de la fuerza están normados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). En la Ley, se respalda a los agentes y a cualquier persona que reaccione a defender su integridad y la de otra o varias personas, si esta está en peligro inminente.

Cueva indicó a El Reflector que no existe ningún tipo de colisión entre los Derechos Humanos y el uso progresivo de la fuerza. Añadió que esto precisamente se creó para garantizar los derechos humanos. Además, explicó que esta acción va aumentando progresivamente conforme el nivel de agresión que el atacante realiza al policía o ciudadano.

Niveles de agresividad

En este caso, existen cinco niveles. De acuerdo al artículo 11 del Reglamento del Uso Progresivo de la Fuerza, publicado por el Ministerio de Gobierno en julio de 2014 estos son: la presencia policial, la verbalización, el control físico, el uso de armas no letales y el uso de armas letales.

Así mismo, el documento señala, en el artículo 12, que existen niveles de resistencia. Se detalla el riesgo latente, si el agresor coopera o no, y si hay agresión letal por parte de él. También en el artículo 14 se especifica el uso de armas letales. Dicho enunciado establece que se emplearán las armas cuando exista “peligro real, actual e inminente de lesiones graves o muertes”. También que solo se podrá usar armas cuando sea “estrictamente inevitable para proteger una vida o la integridad propia o de terceros”.

Letalidad

Cueva dijo que este uso letal de la fuerza sucede cuando el agente se da cuenta de que el nivel de agresión es tan alto, que la otra persona intenta matarlo a él o a terceras personas. “Entonces no hay conflictos con los derechos humanos, porque hay uso progresivo de la fuerza y esa progresividad dependerá de la persona que ataca”, contó.

En su análisis, Cueva destacó algunos ejemplos de la legítima defensa y el uso progresivo de la fuerza. Enfatizó que, si la amenaza está a unos 50 metros y con una piedra, basta “con disparar al aire o a la pierna y se espanta. Esto es distinto a si están en un sitio pequeño, donde el agresor apunta directo contra una persona y puede disparar. “Por eso se llama uso progresivo de la fuerza, porque conforme avanza la agresión, aumenta el nivel de defensa. Ojo, solo cuando la vida está en riesgo”.

El jurista también señaló que, en estos casos, la Fiscalía avoca conocimiento del hecho y evalúa las pruebas presentadas y el procedimiento. De ser justificado el accionar policial, el caso se archiva. Así mismo, considera que la entidad también puede o no iniciar una investigación administrativa. Además, la familia de la víctima puede denunciar y será deber de la Fiscalía investigar y comprobar una acción o no.

Por su parte, el abogado Steven Reyes explicó que en todo estado de Derecho, quien ejerce la fuerza es el mismo Estado. Y que esta responsabilidad es delegada a la Policía Nacional. Reyes explicó que es poco conocida la existencia de leyes internacionales y locales, de reglamentos que normalizan el uso de la fuerza.

Enunció el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por las Naciones Unidas. “En ese código se señala que el funcionario puede usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario”, dijo Reyes.

Policía delincuente
El antisocial quedó tendido en la calzada

Derechos humanos

Una opinión similar tiene Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Navarrete argumentó que existe un ordenamiento jurídico para determinar si se cometió una infracción o no para argumentar la neutralización. “El rol de la Policía es neutralizar sin perjuicio de la afectación de la vida en primera instancia”, puntualizó. También comentó que los agentes deben estar capacitados para cuidar especialmente el derecho a la defensa, la integridad personal independientemente de quien sea, policía, testigos o agresor.

El COIP en su artículo 30, especifica las causas de exclusión de la antijuricidad, es decir, la inexistencia de una infracción penal cuando la conducta se encuentra justificada.

Así mismo, la Ley indica en el artículo 33, que existe una legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno, siempre y cuando se cumplan los requisitos amparados por la norma.  

Navarrete señaló que la neutralización no se debe dar con la finalidad de quitar la vida a la persona. “Es neutralizar según los manuales policiales y según las normas de derechos humanos, sin que eso en primera instancia, signifique eliminar de tajo”, recalcó. También dijo que si las circunstancias dan cuenta que una neutralización no cabe, las consecuencias mortales se dan bajo el argumento de la legítima defensa. Enfatizó además que toda muerte merece la mirada de los funcionarios judiciales, que reconozcan si hubo o no una legítima defensa.

Por ejemplo, Navarrete comentó que Guayaquil, en especial, ha sufrido de un fenómeno de excesivos o desproporcionados usos de la fuerza y el denominado “tiro fácil”. Es decir, agentes policiales que se destacan dentro de un caso, por disparar a la otra persona que no representa una aparente amenaza legal. “Las ejecuciones extrajudiciales ocurren cuando no se representa una amenaza, no está armado, como lo que ocurrió en el caso Fybeca (2003), o caso Mascarilla (2018)”, expresó.

Caso Diana Carolina

Para Navarrete, otro caso en el que no se garantizó la legítima defensa ocurrió en enero de 2019. En esa fecha, Diana Carolina fue asesinada delante de una veintena de personas, en plena vía pública en Ibarra. Entre los testigos estaban agentes policiales que no neutralizaron al agresor de Diana, que estaba embarazada. Para el secretario del Comité, el policía es un experto en controlar la seguridad, estar capacitado para manejar estas situaciones y reconocer una operación limpia.

«Los derechos humanos no son antagónicos a la Policía en este tipo de circunstancia. Lo que intentamos es que se respete la ley y la ley señala que un uniformado, capacitado, debe tener atribuciones para la legítima defensa suya y la de terceros”».

Billy Navarrete, Comité Permantente de Derechos Humanos.

En el caso de Diana Carolina, no se aplicó la legítima defensa.  “Ella estaba de rehén, eso es un delito. Pasaron tres horas y no se actuó como se debió”, indicó. En ese tiempo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, admitió el incidente y señaló que se iban a realizar la compra de “armamento no letal” y recalcó que “la Policía no puede pasar de la palabra a al disparo”, puntualizó.

Hasta el cierre de este reportaje, la Ministra no se pronunció al respecto. Tampoco la Policía Nacional. 

Deja una respuesta