Cura Tuárez

El Tribunal Penal del Guayas sentenció al cura José Carlos Tuárez a cinco años de prisión. Durante la audiencia, realizada hoy 17 de agosto de 2020, la Fiscalía presentó pruebas documentales y testimoniales contra el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La institución investigaba al cura Tuárez por ofrecer cargos públicos y contratos, a cambio de sumas de dinero, comprendidas entre 5.000 y 500.000 dólares. La sentencia de los otros tres procesados en la audiencia de hoy, será resuelta en una nueva audiencia que no tiene fecha definida.

Tuárez, junto a otras 32 personas, fue detenido el pasado 28 de noviembre de 2019 en el operativo ‘Emperador’, liderado por la Fiscalía. La Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional, en Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Tungurahua y Sucumbíos, participó en el procedimiento.

Iniciaron un proceso investigativo, a través de la Unidad de Administración Pública. Ofrecían puestos en instituciones como el Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Aviación Civil, el Servicio Nacional de Aduanas y Petroecuador.

La audiencia

En la audiencia de juzgamiento, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, mostró más de veinte pruebas documentales y veinte testimonios. Entre estos, de los agentes aprehensores e investigadores, peritos que intervinieron en la investigación, de los presuntos perjudicados, entre otros.

Entre las pruebas documentales estaban: el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, pericias informáticas, de identidad humana y documental, así como las de audio y video de los teléfonos de los procesados y del denunciante. También constaba el informe investigativo y de inspección ocular técnica, el testimonio anticipado de presuntos perjudicados y las certificaciones laborales del cura Tuárez, informó la Fiscalía en su página web.

La Fiscalía presentó como prueba principal audios y videos de los procesados, en los que se demuestra su participación en los hechos Además, expuso las declaraciones de dos presuntos perjudicados. Uno de ellos relató que accedió a un nombramiento en el Ministerio de Salud, pagando por ello la suma de medio millón de dólares. Otro dijo que pagó 50.000 dólares para trabajar en el Consejo de Participación Ciudadana, en Quito.

Expuso la explotación y extracción de información de los teléfonos celulares y seguimientos realizados a los procesados, sobre su documentación (facturas, estados de cuenta, letras de cambio, cheques…) y otras relativas al hecho.

Sanción económica

El Tribunal de Garantías Penales acogió las pruebas y, además, le impuso al cura Tuárez una multa económica. También le notificaron la pérdida de los derechos de ciudadanía y emitir disculpas públicas, cuyo procedimiento se determinará y detallará en la resolución escrita.

Los jueces dispusieron que en una próxima audiencia se resuelva la situación jurídica de los otros tres procesados. Uno de sus abogados presentó un certificado médico por presunto contagio de covid-19 y los otros dos justificaron su inasistencia a la diligencia.

Doce procesados por este caso se acogieron al procedimiento abreviado. Obtuvieron una sentencia de un año de pena privativa de libertad, multas de cuatro salarios básicos unificados (1.600 dólares), impedimento de postularse para cargos de elección popular por diez años y la prohibición de contratar con empresas del Estado.

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