Defensor del Pueblo

Los centros hospitalarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, en Guayaquil, deberán acogerse a disposiciones legales. Los Hospitales: General Guasmo Sur, General Norte Los Ceibos y Teodoro Maldonado, tienen 10 días, desde este 28 de junio de 2020, para entregar un informe con la ubicación de 16 cadáveres extraviados en sus instalaciones, en medio de la pandemia del COVID-19.

Las instituciones podrán valerse del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias  Forenses para obtener la información. Esta, luego será entregada a los familiares de los difuntos, que fueron víctimas de la pandemia sanitaria.

Esta es una de las medidas de reparación integral con las que tienen que cumplir los hospitales. Así lo dispuso el juez Carlos Andrade, de la Unidad Judicial Norte, tras aceptar la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo. La acción declaraba la vulneración de los derechos a la dignidad humana, integral personal, al derecho constitucional de acceso a servicios públicos de óptima calidad y a la seguridad jurídica de 16 familias que reclaman por los cuerpos de sus seres queridos.

Pero no fue la única disposición con la que deberán cumplir. El Ministerio de Salud Pública tendrá que brindar, por un año, atención médica y psicológica a las familias que no se cansan de exigir respuestas.

Además, los hospitales deberán pedir disculpas públicas a las familias por haber vulnerado sus derechos constitucionales. Lo tendrán que hacer a través de un periódico de amplia circulación en el cantón Guayaquil.

La acción exige a Medicina Legal y al Laboratorio de Criminalística de la Policía, entregar los cadáveres ya hallados a sus familiares para su inhumación. Y para evitar la repetición del error, exige que el IESS y Salud brinden capacitaciones a sus empleados sobre manipulación de cadáveres en una pandemia.

El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago aseguró que la institución que preside dará seguimiento a estas disposiciones para que se cumplan. “Fue una vulneración evidente de derechos. Creemos que este es un primer caso, pero existen aún cadáveres sin identificar de varias familias, vamos a luchar por cada una de ellas”, expresó.

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